Hasta donde tope / Pero ya topó / Claudia infeliz / Ahora Costa Rica
EL EXFISCAL César Jáuregui Moreno salió a defenderse y, de paso, a mandar un mensaje político: dice que se mantiene firme en sus convicciones y que no cederá ante los ataques y las presiones que, asegura, vendrán contra el proyecto que ha construido con militantes panistas y ciudadanos de Chihuahua.
El exfiscal no solamente intenta defender su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado, sino también dejar claro que no piensa desaparecer del escenario político por la controversia que hoy lo rodea, una respuesta que destino hacia la gobernadora Marís Eugenia Campos Galván.
Sobre el operativo de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde fue localizado y desmantelado un narcolaboratorio, Jáuregui sostuvo que volvería a tomar exactamente la misma decisión si se encontrara nuevamente ante aquellas circunstancias.
Su argumento es que lo verdaderamente imperdonable habría sido actuar con tibieza frente al crimen organizado. Recordó que asumió la responsabilidad por lo ocurrido y que por esa razón presentó su renuncia, aunque ahora enfrenta cuestionamientos relacionados con la participación de agentes estadounidenses y la manera en que se manejó el operativo.
El exfiscal asegura tener la conciencia tranquila y estar convencido de que no cometió delito alguno. Incluso manifestó que está dispuesto a responder ante cualquier responsabilidad que le finquen las autoridades estatales o federales.
Sin embargo, una cosa es la defensa política y otra muy distinta el resultado de las investigaciones que siguen abiertas. La justicia tendrá que determinar si hubo irregularidades y quiénes son los responsables, sin importar los cargos que hayan ocupado.
Jáuregui, por su parte, advierte que vienen tiempos difíciles para su equipo y que los ataques podrían intensificarse conforme avance su proyecto político.
El detalle es que, en este caso, no solamente están en juego las aspiraciones de un panista, sino la credibilidad de las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.
DONALD TRUMP volvió a cargar contra México por lo que considera una falta de acciones contundentes frente a los cárteles del narcotráfico y los políticos que, según sus señalamientos, los protegen.
El presidente estadounidense aseguró que su gobierno conoce las operaciones de estas organizaciones, sus rutas financieras, los lugares donde viven sus integrantes y las presuntas redes de protección que mantienen en territorio mexicano. Su advertencia de que Estados Unidos todavía no ha comenzado a actuar contra México elevó nuevamente la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Trump ha convertido el combate al narcotráfico en uno de sus principales argumentos para presionar a nuestro país, aunque tampoco puede ignorarse el cálculo electoral.
Las elecciones intermedias estadounidenses del 3 de noviembre están a la vuelta de la esquina y el discurso de mano dura contra los cárteles es un recurso que puede darle dividendos políticos ante sus electores.
El problema es que, mientras Trump aprovecha el tema para fortalecer su narrativa, México debe enfrentar una realidad que no se resuelve con declaraciones ni con respuestas diplomáticas: el poder de las organizaciones criminales, su capacidad financiera y las posibles complicidades que les permiten operar.
La presidenta Sheinbaum tampoco salió bien librada de los señalamientos del mandatario estadounidense, quien la describió como una mujer infeliz y afirmó que tiene miedo de enfrentar a las organizaciones criminales, por lo que, según él, Estados Unidos tendrá que intervenir.
Más allá de la retórica y los insultos, el fondo del asunto es preocupante. No es motivo de celebración que otro país pretenda venir a hacer una tarea que corresponde al gobierno mexicano. La soberanía nacional no puede convertirse en escudo para la inacción, pero tampoco la presión extranjera debe aceptarse como una solución automática.
México tiene la obligación de combatir al narcotráfico con sus propias instituciones, investigar los vínculos políticos que se acrediten y demostrar que no existen territorios ni personajes intocables. Lo verdaderamente grave sería que, por incapacidad o complicidad, el Estado terminara dejando espacios para que Washington justificara una intervención cada vez más agresiva.
Y PARA ACABARLA de amolar, Costa Rica también decidió endurecer su postura contra las organizaciones criminales transnacionales. La presidenta Laura Fernández Delgado anunció el miércoles 14 de octubre la incorporación de varios grupos mexicanos y colombianos a una lista de agrupaciones consideradas narcoterroristas.
Entre los señalados aparecen el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. El anuncio se realizó durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad ubicada en el complejo penitenciario La Reforma, con capacidad para cinco mil 100 reclusos.
Fernández presentó la decisión como parte de una estrategia para impedir que estas organizaciones extiendan sus operaciones a territorio costarricense. Durante el acto afirmó que su gobierno está utilizando todos los recursos a su alcance para frenar el avance del narcoterrorismo.
Mientras otros países endurecen sus medidas y construyen herramientas para contener a los cárteles, México sigue atrapado entre las exigencias de Washington, la presión internacional y sus propias cuentas pendientes en materia de seguridad.
La inclusión de organizaciones mexicanas en listas de este tipo no significa, por sí sola, que sus gobiernos estén acusando formalmente al Estado mexicano de protegerlas; sí representa, sin embargo, una señal del alcance internacional que ha adquirido el problema. Y eso debería preocupar en Palacio Nacional: cuando la inseguridad deja de ser solamente un asunto interno y comienza a condicionar las relaciones con otros países, las explicaciones ya no bastan.
