El desfile ante Maru / Desactivo a rebeldes / Cruz arranca en Chihuahua / Buscan amparar a Jáuregui
LA GOBERNADORA María Eugenia Campos Galván tuvo que intervenir directamente para intentar apaciguar los ánimos de un grupo de panistas que considera que el candidato a la alcaldía de Chihuahua capital debe ser el fiscal César Jáuregui Moreno, quien enfrenta una acusación federal por traición a la patria, un señalamiento cuya acreditación jurídica también ha sido cuestionada.
Antes de la realización del Consejo Político Estatal, la mandataria sostuvo reuniones con los jáureguistas que actualmente ocupan cargos públicos, como los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz. No sabemos qué les dijo, quizá solamente les recordó que, antes de tatuarse políticamente el nombre de Jáuregui, deberían recordar que también pertenecen al PAN y que el partido tiene sus propios tiempos y procedimientos.
Por el mismo camino pasaron el diputado local Jorge Soto y el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes. Tampoco se conocieron detalles de esos encuentros, pero el propósito parecía ser el mismo: bajarle dos rayitas a la confrontación y evitar que la sucesión municipal termine convirtiéndose en una disputa interna.
El resto de los aspirantes, Alfredo Chávez y Alan Falomir, no fueron requeridos, pues ya están alineados con el proyecto de Santiago de la Peña. En cuanto al diputado Carlos Olson, quien también tiene aspiraciones, parece que lo mantienen permanentemente en el limbo político. Obviamente, De la Peña juega desde otra posición: es secretario general de Gobierno y, además, es de casa, de Palacio.
La gobernadora, desde luego, no les dijo abiertamente que las flechas apuntan hacia De la Peña. La intención era conciliar, evitar mayores fracturas y permitir que el Consejo Político se desarrollara en calma, con un discurso de unidad que no terminara convertido en una guerra de aspirantes.
Ya en el Consejo, sus 100 integrantes aprobaron la posibilidad de establecer alianzas con otros partidos y, además, hicieron un pronunciamiento unánime en contra de una imposición de candidato para la capital. Es decir, dejaron abierta la posibilidad de que la candidatura se defina mediante encuestas, convención o elección interna.
El pronunciamiento parece haber dejado satisfechos a todos, incluido el grupo al que algunos han catalogado como rebelde. El pequeño detalle es que ese posicionamiento no tiene carácter vinculante y, en términos prácticos, solamente es una expresión política. La decisión sobre el método de selección corresponde finalmente a los órganos nacionales del partido.
Así que lo aprobado en el Consejo Político terminó siendo algo parecido a un llamado a misa: todos levantaron la mano, nadie se salió del guion y, por lo menos por ahora, se consiguió el objetivo de mantener la fiesta en paz, sin que necesariamente todos estén convencidos del desenlace.
EL DEFENSOR estatal de la CuatroT, Cruz Pérez Cuéllar, arrancará su precampaña ni más ni menos que en el centro de la capital, donde sus operadores presumen que exhibirá un músculo político y electoral que hasta ahora no se le conocía en Chihuahua.
La capital, desde luego, no es precisamente el municipio que le aporta el mayor potencial de movilización, pero el colmillo político de Pérez Cuéllar seguramente le alcanzará para traerse a medio Juárez hasta Chihuahua, como en su momento lo presumió cuando Marco Bonilla reunió a unos cuantos simpatizantes en la frontera. En política, las concentraciones también se miden por la capacidad de movilización y por la fotografía que termina circulando.
Cuestión de manejar números y organizar movilizaciones que, por supuesto, siempre se presentan como voluntarias. Lo cierto es que el evento de Pérez Cuéllar, ya registrado como precandidato, está programado para la tarde del 2 de diciembre, en alguna explanada del centro de la ciudad que todavía no se ha definido.
La apuesta será convertir la concentración en una demostración de fuerza fuera de su principal bastión electoral y enviar el mensaje de que su proyecto pretende tener presencia en todo el estado. Habrá que ver cuántos llegan por convicción, cuántos por compromiso político y cuántos aparecen en la fotografía para engordar la estadística.
EL EQUIPO de abogados de César Jáuregui estuvo ayer en el penal del Altiplano para presentar ante el juez de la causa un amparo con el que busca que el exfiscal pueda continuar su proceso en casa o, en su defecto, ser trasladado a un centro penitenciario federal en Chihuahua. La primera posibilidad parece complicada por la naturaleza de la acusación, mientras que la segunda podría tener mayores posibilidades.
Al final, el destino penitenciario de Jáuregui también dependerá de las decisiones que se tomen desde el ámbito federal. Por ahora, mantenerlo lejos de Chihuahua representa una presión adicional en un conflicto que ya provocó fricciones dentro del panismo y que ha servido a Morena como argumento político y publicitario para repetir aquello de que “Maru lo entregó”.
Por el delito que se le imputa, la posibilidad de que Jáuregui regrese a su domicilio luce remota, pero no necesariamente está descartado que pueda volver a Chihuahua para continuar su proceso en un penal federal.
Su equipo jurídico está integrado por abogados de primer nivel, con experiencia y capacidad para pelear el expediente, aunque una cosa es la defensa estrictamente jurídica y otra muy distinta el terreno político en el que se ha colocado este caso.
Y es precisamente ahí donde está el problema. La defensa podrá presentar recursos, argumentos y pruebas, pero el expediente también se ha convertido en un instrumento de confrontación entre los grupos políticos.
Desde la CuatroT se ha construido una narrativa contra la gobernadora, mientras que dentro del panismo hay quienes utilizan el caso para cuestionar decisiones de Palacio.
Jáuregui enfrenta un proceso judicial, pero alrededor de su caso se libra también una batalla política en la que ninguna de las partes parece dispuesta a desperdiciar la oportunidad de sacar ventaja.
