Columna

Adán peor que Pilatos / Gobierno asesino, gritan en Juárez

AL MÁS PURO estilo e la Cuarta Transformación de este país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ahora está más preocupado en hablar del video que desnuda la muerte de los cuarenta migrantes, que la tragedia misma y de sus familiares.

El video describe a la perfección que los migrantes se encontraban encarcelados en oficinas del Instituto Nacional de Migración, la estación que se ubica a unos metros del edificio de la presidencia Municipal de Ciudad Juárez.

En ese material se observa además que personal del Instituto, cuando se percata de la presencia del humo abandonan a los migrantes, quienes de manera desesperadas empujan y patean la puerta de barras de metal sólido, obviamente sin tener éxito.

Tal vez, lo que molesta al Secretario es que se evidencia que estaban encarcelados como decíamos, pero también en las instalaciones de la estación migratoria del Gobierno Federal y no en un albergue, como dijo el presidente López Obrador.

El secretario tras conocer la noticia del crematorio clandestino, viró su responsabilidad al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, pese a que mencionado Instituto, depende de la Subsecretaria de Gobernación para Asuntos Migratorios, en donde el jefazo es Adán Augusto López.

Lanzar la pelota “cliente” le resultó muy sencillo, pero además con extremada velocidad, ahora asume que el revelador video fue filtrado por el gobierno del Chihuahua, cómo por qué o para qué, eso no lo explica.

Evidentemente el secretario de Gobernación busca evadir su responsabilidad primero quitarse la barra, como dicen los chavos y  luego sacar como argumento distractor la filtración de un video que en nada cambia la trágica historia de los sucedido, pero que da fe de la afirmación del diputado federal morenista Porfirio Muñoz Ledo, en el sentido de que se trata de un crimen de estado.

En Ciudad Juárez frente “al crematorio humano”, la representación de 300 organizaciones sociales, no gubernamentales, colocaron y encendieron velas; en su posicionamiento califican al gobierno de López Obrador “como asesino de migrantes”.

La tragedia de los migrantes da cuenta también, que las políticas migratorias de México, si es que la hay, son totalmente erróneas, al abrir de la manera irresponsable y sin protocolos, las puertas de las fronteras sur para darles pase libre y dejarlos a la buena de Dios; sin protección y sin sustento, así de sencillo. Por algo suceden las cosas.

EN EL MISMO tema pero desde lo local, el superdelegado de Bienestar y representante del presidente de la república en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, se le ha lanzado a la yugular al alcalde morenista de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar.

Ni más ni menos, lo responsabiliza por la muerte de los 40 migrantes, debido a que la tragedia ocurrió en el Municipio que gobierna el presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Se trata de nuevo de lanzar el balón y tratar de engañar a los ciudadanos, pues si la premisa fuera real, entonces la responsable sería la gobernadora, porque ocurrió en el estado.

Evidentemente se trata de una campaña de desinformación, la que por cierto es apoyada por Lucha Castro y va directamente en contra de alcalde Pérez Cuéllar, como lo hace sistemáticamente el superdelegado, en busca de quedarse con la silla en la Presidencia Municipal.

Loera sabe cómo López Obrador, que el Gobierno Federal, él que representa en Chihuahua, es el responsable de la tragedia. Lo demás es descaro.

EL EXGOBERNADOR, César Duarte Jáquez llegó a mil días encarcelado, motivo por el cual envío una carta a los medios de comunicación, en donde en resumen pide que sea enjuiciado de manera justa.

Dice no pedir ni tener privilegios, pero hace toda una relatoría de las supuestas arbitrariedades que en su contra se han realizado desde el ministerio público corralista, los jueces a modo, testigos protegidos que ya desaparecieron y la persecución política del corralato.

Dice que se le han asegurado propiedades que adquirió antes de ser gobernador, que pese a que hay amparos federales en su favor no se las han reintegrado, eso incluye al actual gobierno de María Eugenia Campos Galván.

La carta es extensa; Duarte y sus abogados piden que ya se llegue al juicio y o sentencia; no obstante, una tercera audiencia antes de estaría programada para la mitad del presente año.

Calculado por quienes saben, la sentencia para el exgobernador por los delitos de peculado por 96.4 millones de pesos y asociación delictuosa, podría tardar unos 500 días, por lo que el exmandatario ya tendría un colchón de casi cinco años, en caso de que el juez lo encuentre culpable.

Columna Hipótesis de www.acento.com.mx

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