Maestros contra la patrona / Maru no cumplió / Cemento a La Barredora / Bromas con cárcel
L0S MAESTROS de la Sección 42 iniciaron la toma de los edificios de la Secretaría de Educación y Deporte y de la Secretaría de Hacienda para exigir la restitución del tiempo completo mixto y el pago de la Clave L y L Plus.
Es una protesta donde participan cientos de docentes estatales provenientes de varias regiones de la entidad. La movilización provocó, otra vez, el cierre del primer cuadro de la ciudad, situación que arrancó desde las ocho de la mañana y que, por lo dicho, continuará “el tiempo que sea necesario”.
Obviamente, el bloqueo desató el enojo de quienes circulan por el centro, de los comerciantes que viven del día a día y de la burocracia estatal y municipal que acude por miles a esa zona de la capital. Pero eso sí: el “daño colateral” no parece figurar en la agenda magisterial.
Los maestros buscan que se restablezca el tiempo completo escolar en las zonas de mayor vulnerabilidad, eliminado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de paso, quieren también que se les paguen las claves L y L Plus, borradas por la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto hace ya una década.
Por el tiempo completo escolar, los docentes recibían una compensación de tres mil pesos quincenales, pues su jornada se extendía dos horas diarias. En el caso de las claves L y L Plus, se trataba de una especialización -casi equivalente a otra licenciatura- que debía traducirse en un pago extraordinario. Nada mal… hasta que la Federación decidió cancelar ese apoyo.
Hubo amparos, pero los juicios siguen congelados. Y para colmo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, se comprometió a cubrir esos pagos desde que era candidata, cosa que, por supuesto, no ha sucedido.
EL GOBERNADOR de Javier May Rodríguez anunció la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder del cártel tabasqueño de La Barredora.
Por ahora, se le procesa por secuestro, asesinato, extorsión y asociación delictuosa bajo el fuero común, delitos que podrían significar hasta 156 años de prisión si resulta culpable.
Eso sin contar lo que se acumule en el fuero federal, aunque la Fiscalía General de la República guarda un sospechoso silencio.
El detalle curioso es que el propio gobernador informó que toda la información del proceso quedará clasificada. Es decir, cerrada a piedra y lodo, sin acceso ni para el periodismo.
Muy conveniente: un funcionario de alto rango procesado como capo, pero en expediente reservado. Y uno no puede evitar hacerse preguntas incómodas: ¿por qué tanto hermetismo? Se entiende proteger datos personales, pero no blindar todo el caso.
Basta recordar que Bermúdez Requena tardó 30 horas en ser trasladado de Paraguay a México, cuando un vuelo comercial dura siete u ocho. ¿Qué pasó en ese misterioso trayecto? ¿Con quién se reunió? ¿De qué habló? Nadie lo sabe, y nadie lo sabrá, porque el gobierno decidió poner candado al asunto.
EL GRUPO Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para tipificar como delito las bromas al 911. Sobre el papel suena bien: cada llamada falsa cuesta 31 pesos a las finanzas públicas, y la cifra puede multiplicarse por miles si hay movilización policiaca o de ambulancias.
El problema es que en México se registran 42 millones de llamadas falsas al año, lo que significa miles de millones de pesos literalmente tirados a la basura. Lo peor: esas bromas bloquean la atención de urgencias reales.
La propuesta establece sanciones de seis a doce meses de prisión y multa, según la gravedad. Correcto, aunque uno se pregunta si de verdad el bromista que llama para reportar un secuestro inventado va a temblar ante la amenaza de cárcel.
Buena propuesta decíamos en donde se tendrán que pulir detalles sobre todo, para detectar, quienes o quiénes son los autores de la llamada falsa, parecería fácil, pero en realidad no lo es.
Columna Hipótesis de www.acento.com.mx
